Academic journal article American University International Law Review

La "Responsabilidad De Respetar" Los Derechos Humanos Y El Establecimiento del Deber De Debida Diligencia Como Una Obligación Legal Para Las Industrias Extractivas: Desafíos Y Oportunidades En Las Américas

Academic journal article American University International Law Review

La "Responsabilidad De Respetar" Los Derechos Humanos Y El Establecimiento del Deber De Debida Diligencia Como Una Obligación Legal Para Las Industrias Extractivas: Desafíos Y Oportunidades En Las Américas

Article excerpt

I.introducción

Las industrias extractivas (minería, gas y petróleo) son el sector en el cual se verifica mayor conflictividad social y las más graves y frecuentes violaciones de derechos humanos. Desde hace varias décadas se han reportado casos de violaciones al derecho a la consulta previa y consentimiento libre e informado de los pueblos indígenas, detenciones ilegales, uso excesivo de la fuerza, criminalización de la protesta, hostigamiento y asesinato de defensores de derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, tortura, violencia sexual, discriminación, desplazamientos forzados, adquisición y expropiación indebida de tierras, afectaciones a la salud, degradación ambiental, evasión fiscal, obtención o aprobación de licencias y permisos mediante sobornos y corrupción, resistencia a cumplir órdenes y mandatos judiciales e imposibilidad de las víctimas de obtener reparación por los daños sufridos, en virtud de estructuras corporativas y mecanismos de insolvencia utilizados por las empresas para resguardar su patrimonio y activos en caso de litigio, entre otros.1

En las Américas, las industrias extractivas plantean al menos dos características particulares. En primer lugar, la región comprende tanto países de origen-que albergan las casas matrices de empresas multinacionales dedicadas a la industria extractiva (principalmente Canadá y Estados Unidos)-como países receptores-donde operan esas empresas, individualmente o en conjunto con el Estado (e.g. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Honduras, Panamá, etc.).

En cuanto al rol de los Estados de origen, es posible señalar un conjunto de condiciones y políticas que toleran o fomentan la actividad extractiva, sin tomar en consideración sus impactos nocivos para los derechos humanos. Entre ellas, cabe señalar el apoyo económico, político y diplomático a las empresas sin exigir el cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos; la injerencia indebida en los procesos legislativos de los Estados receptores; el blindaje a la responsabilidad de las empresas por medio de acuerdos de libre comercio; y un marco jurídico inadecuado para prevenir y sancionar las violaciones de derechos humanos, incluyendo la falta de obligatoriedad de los principios de responsabilidad social empresarial, la ausencia de regulación de las responsabilidades extraterritoriales y la consecuente falta de fundamento legal para la aplicación de sanciones.2

En cuanto al rol de los países receptores, el sector extractivo "ha mostrado un auge sin precedentes en América Latina, producto del incremento de la demanda y los precios internacionales, así como de la prioridad que los gobiernos le han otorgado al sector dentro de sus políticas macroeconómicas."3 Sin embargo, el marco normativo e institucional que regula el funcionamiento del sector extractivo es débil y se orienta a estimular la inversión privada, mediante facilidades e incentivos que contravienen los estándares de protección del medio ambiente y los derechos humanos.4

Si bien "la prohibición de la actividad minera en áreas protegidas, el cuidado del ambiente, la preservación de áreas naturales y la reparación de áreas degradadas por la actividad tienden a ser objetivos compartidos por la legislación de los diferentes países," las "excepciones" a estos principios terminan constituyéndose en la regla.5 Asimismo, entre esas deficiencias es posible destacar que (i) en muchos casos uno de los mecanismos para la concesión de títulos o licencias al sector privado es la aplicación del principio "primero en el tiempo, primero en el derecho" -lo que implica el otorgamiento de licencias a quien primero haga la solicitud y no a través de procesos de competencia; (ii) los permisos y licencias se conceden por largos períodos de tiempo y en algunos casos por tiempo indefinido; y (iii) las exenciones tributarias son notables.6

En este sentido, el binomio sede-recepción no siempre es suficiente para abordar las complejidades de las industrias extractivas en las Américas, ya que existen situaciones de tensión entre países receptores que deciden conceder o iniciar proyectos con empresas multinacionales que poseen un historial negativo en materia de derechos humanos en la región. …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.