Academic journal article Cuban Studies

Los Esclavos Embargados: Movilidad, Espacios Y Trabajo En la Guerra De Los Diez Años

Academic journal article Cuban Studies

Los Esclavos Embargados: Movilidad, Espacios Y Trabajo En la Guerra De Los Diez Años

Article excerpt

Si un elemento caracteriza la producción historiográfica sobre Cuba en los últimos decenios, es el sostenido y creciente interés por el estudio de las problemáticas asociadas a la esclavitud de hombres y mujeres de origen africano. En un país de inmigración y, aún más, de esclavitud—como lo define el historiador Oscar Zanetti Lecuona—, las preocupaciones en modo alguno no son fortuitas ni de reciente data. Desde diversos campos disciplinares—etnología, antropología, demografía histórica y economía—un conjunto de investigadores plantearon problemas esenciales del fenómeno esclavista a lo largo de la vigésima centuria.

No obstante los avances, con respecto a la evolución del régimen de servidumbre en el contexto de la Guerra de los Diez Años quedan aún parcelas del conocimiento por explorar. Entre estas destaca la ausencia de ángulos de análisis dirigidos al proceso por el cual pasaron a ser administrados por el Estado español centenares de esclavos de la geografía insular como parte de la política de embargo de bienes, decretada el 15 de abril de 1869 en las planas de la Gaceta de La Habana a todos aquellos individuos clasificados de infidentes.1

Los reclamos y enfoques historiográficos sobre dicha temática provienen, como generalidad, de estudios acerca de los modos de expropiación y el impacto político económico del procedimiento de confiscación de propiedades en virtud del cual se desplazó parte del patrimonio cubano hacia manos españolas.2

No se trata sólo de advertir la existencia lógica de una confiscación de esclavos a sus propietarios, víctimas del embargo, sino de entender las problemáticas que generó ese proceso en lo relativo a los cambios de las formas administrativas del régimen esclavista.

Si bien no era la primera vez que se instituía semejante legislación en la isla, el origen de este tipo de procedimiento, a diferencia de otros dispuestos por causas judiciales administrativas, estaba orientado a salvaguardar la integridad de la nación hispana, tras el inicio de la Guerra de los Diez Años y el objetivo confeso de privar de recursos materiales a la naciente revolución independentista. La política de embargo implicó en la práctica modificaciones en las formas de organizar e implementar el trabajo en los espacios urbano y rural. Grupos de siervos de todo el país dejaron de ser administrados por particulares para pasar a manos del Estado con experiencia previa a la guerra en la gestión administrativa sobre la mano de obra, tanto esclava como de los llamados emancipados. A cargo de las instancias estatales, incluso, operaron los Depósitos Judiciales de esclavos, que se gestionaban a cuenta de algunos ayuntamientos o de instituciones como la Junta de Fomento, hasta que a finales de la década del cincuenta el Gobierno Superior Civil asumió esas funciones.

Ahora bien, este conocimiento en la gestión de embargados tuvo su diferencia con respecto a la política instrumentada en el decurso de la década bélica. Como bien advierten Aisnara Perera y María de los Ángeles Meriño, los litigios en los juzgados habaneros y santiagueros que generaban órdenes de embargos de siervos, estaban mediados como norma por causas financieras: reclamación por pesos, quiebra mercantil, ruina de un hacendado, una testamentaría dilatada, una querella verbal o un juicio criminal.3 Queda claro, por tanto, que existía la experiencia estatal en estos menesteres de depósitos y explotación de la mano de obra embargada, pero no es menos cierto que la guerra impuso su sello a la dinámica experiencial de los magistrados de la corona.

En el orden político las causales no se sostenían por lo general en los litigios financieros, sin que por ello desparecieran, sino en las circunstancias de un conflicto militar de objetivos independentistas, inéditos hasta ese momento. El traspaso de bienes no sólo significó la creación de instancias burocráticas para la implementación del cuerpo legislativo que demandó el acto de expropiación, sino también una nueva movilización jurisdiccional de dichos esclavos. …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.